La condena en costas es el pronunciamiento judicial por el cual se ordena a una de las partes, generalmente aquella a la que se le niega la razón, a indemnizar a la parte contraria con el coste que le ha supuesto la reclamación judicial. Esto incluye honorarios de abogado, procurador y en su caso perito.

La imposición de condena en costas es frecuente en los procesos civiles en los que se reclama cantidades adeudadas y no lo es en procesos de familia (divorcios o medidas respecto a los hijos), herencias o incapacidades.

La imposición de condena en costas es simbólica en procesos contenciosos-administrativos siendo frecuente condenar en costas a la Administración pero limitando su importe a una cantidad fija de 300 o 600 €uros.

La imposición de condena en costas en procesos penales es poco frecuente y se limita a procedimientos de violencia de género, delitos empresariales, injurias o amenazas en los que se ejerza la acusación particular. Al acusado cuando se le declara inocente no se le reintegran los gastos judiciales en los que haya incurrido limitándose la posible condena en costas penal a aquellos casos en los que la víctima ejerce la acusación particular.

IMPORTANTE: El cliente beneficiado por una condena en costas a la parte contraria puede ver frustrado su derecho a que se le reintegren los gastos judiciales en los que ha incurrido en el caso de que la parte contraria sea beneficiaria del derecho a la justicia gratuita motivo que impide el embargo de las costas judiciales al encontrarse el beneficiario de este derecho exento del pago de la condena en costas.

La tasa judicial es el pago que se requiere a determinados clientes por acceder al servicio de Administración de Justicia en España. Actualmente los obligados al pago de tasa judicial son las empresas de cualquier tipo, se encuentran exentos del pago de la tasa tanto los particulares como los profesionales autónomos.