El Procurador es el profesional al cual el cliente debe conferir su representación en la práctica totalidad de los procedimientos civiles en los que actúe, salvo en aquellos cuya cuantía reclamada sea inferior a 2.000 €uros, y en todos los procedimientos penales en los cuales se acuerde señalar juicio (apertura de juicio oral) salvo los juicios por delitos leves (antes juicios de faltas). Su función es servir de enlace entre la Administración de Justicia y las partes/los letrados en un procedimiento judicial, realizando distintas actuaciones en nombre del cliente como es la presentación de escritos elaborados por el letrado, la recepción y notificación de resoluciones judiciales o la personación en distintos actos o tramites del procedimiento judicial. Su contratación resulta obligatoria por ley. Su coste en procedimientos civiles y administrativos varía en función de la cantidad reclamada y otras variables como el número de hijos en un divorcio, el caudal hereditario en una herencia o el número de demandados. En términos generales en procedimiento civiles su coste oscila entre 150-400 €uros si bien puede varias ante reclamaciones de cuantía elevada. En procedimientos penales su coste en términos generales asciende a 150-250 €uros en función de la indemnización reclamada y la gravedad de la pena a imponer. En el caso de una eventual condena en costas a la parte contraria su coste total o parcialmente es asumido por el contrario siendo reintegrados los honorarios recibidos al cliente de forma total o parcial en función de lo establecido por el juez.